martes, 21 de octubre de 2008

ARI – COALICIÓN CÍVICA RATIFICA POSICIÓN FRENTE A LOS ALIMENTOS DE PLANES SOCIALES

El partido A.R.I - Coalición Cívica desea expresar que, atento a los últimos acontecimientos, sobre todo, lo concerniente al resultado de los informes oficiales de los cuales surge que la leche de dos marcas suministradas en planes sociales de Río Negro no reunen la calidad necesaria según las disposiciones del Código Alimentario Nacional, nos vemos en la necesidad de ratificar nuestra posición inicial sustentada desde el año 2005, y peticionar, tanto a la autoridad administrativa responsable, así como a la Justicia de Río Negro, lo siguiente:
1.- Cumplimiento estricto de la legislación nacional, provincial y Tratados Internacionales sobre los derechos de los niños, fundamentalmente aquellos relacionados a la “seguridad y soberanía alimentaria”, en el entendimiento que el crecimiento de las personas, no puede estar de ninguna manera condicionado a las necesidades económicas o funcionales de una determinada empresa privada.
2.- Los programas alimentarios deben ser seguros y dignos y quienes opinen y decidan lo contrario no pueden estar en el Gobierno.
3.- Reemplazo definitivo de los alimentos preelaborados o deshidratados por alimentos frescos. Una provincia productora de alimentos como frutas, verduras, carnes, no puede brindar a sus niños comida deshidratada y menos de mala o insuficiente calidad nutricional.
4.- Reemplazo inmediato de productos como leche en polvo, por elementos de primera marca en el mercado. La leche debe ser entera y con todos los nutrientes necesarios para garantizar el crecimiento sano de nuestros niños y adultos.
5.- La Justicia debe determinar los responsables y el grado de responsabilidad que le cabe a todos aquellos encargados de velar por la calidad nutricional de los alimentos, y con todo el peso de la Ley deberá investigar hasta las últimas consecuencias.
6.- Se disponga como política de estado, que los pequeños y medianos productores de Río Negro de carnes, pescado, hortalizas y frutas frescas, tengan prioridad como proveedores del Estado, como medida de apoyo contundente a este sector de la producción rionegrina.
7.- Apoyar con todas las acciones necesarias al cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores afectados.
Entendemos correcta la actitud del Gobernador en rescindir el contrato con la Empresa proveedora, aunque creemos que dicha decisión debió ser tomada hace mas de tres años, cuando Unter denunciaba la baja calidad de la leche y otros alimentos ante la Defensoría del Pueblo.
Destacamos que nuestra legisladora Magdalena Odarda fue la única parlamentaria de la oposición que asistió a la reunión con el Ministro en la comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro, donde le expresara en ese momento, la urgencia de que se suspendan los alimentos preelaborados y se retire la empresa comprometida, en forma preventiva, del registro de proveedores de la Provincia, en función de las graves denuncias que pesaban sobre la misma.
Desde el ARI pedimos que se cambien los preelaborados por alimentos frescos y de primera marca en el mercado en forma pública, y a través de distintas actuaciones ante los organismos correspondientes (presentación ante el Director de suministros- Ministerio de Hacienda).
También denunció Odarda en el recinto de la Legislatura en presencia del Ministro Pega, que ya en el 2005 los análisis daban bajos en nutrientes a los alimentos que suministraba la empresa Masily, vinculada con FLAVORS S.A., oportunidad en que lamentablemente tuvo que soportar la intolerancia de algunos presentes, siendo que tanto en el 2005, como en el 2008, las denuncias pesaban sobre el mismo grupo empresario.
Por último el partido ARI Río Negro quiere recordar que sigue bregando por la pronta implementación del proyecto de “Ingreso Ciudadano para la vejez y para la niñez”, promoviendo de esta manera, los planes sociales “focalizados” por planes “universales” que tiendan a atacar al corazón del problema, y de esta forma contribuir a erradicar la pobreza, en el convencimiento que debe ser instaurado en forma gradual y con una reforma tributaria acorde, que acompañe la implementación del mismo.