“ Una lógica de clientelismo que atenta contra el corazón de las instituciones republicanas”
Hasta el día de la fecha, el reparto de recursos federales a las provincias se realiza por una ley del Gobierno de Raúl Alfonsín, normativa que define cuales son los tributos que se coparticipan a aquellas, excluyendo a aquellos provenientes del comercio exterior con un piso o base no inferior al 34 %.
Por su parte, la reforma del 94 estableció en el artículo 75 inciso 2, que antes de diciembre de 1996, se debía sancionar una nueva ley-convenio de coparticipación federal de impuestos, en función de principios de solidaridad y equidad que tienda a un logro equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en el Territorio Nacional.
Esta ley-convenio, requiere como trámite especial los acuerdos entre la Nación y las provincias, siendo cámara originaria el Senado en forma obligatoria, requiriendo su aprobación por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y a posteriori, aprobada por las distintas provincias.
La Constitución establece dos criterios para efectuar el reparto: uno objetivo o matemático y otro moderador del anterior con el fin de garantizar la equidad entre provincias ricas y pobres.
Nada de esto se hizo, a pesar de haber transcurrido mas de doce años..
Muchos son los proyectos legislativos que quedaron archivados por la falta de voluntad política para ser tratados.
Uno de ellos presentado reciente, de autoría de un Senador rionegrino, espera ser analizado y finalmente aprobado.
La inequidad en la distribución de los ingresos nacionales, y la consiguiente violación de la Constitución Nacional y leyes nacionales vigentes, ataca al corazón del sistema de gobierno democrático que establece la forma de gobierno representativa, republicana y federal.
El sistema REPRESENTATIVO tiene su correlato en el articulo 22 de la C.N., que establece que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Ahora bien, ¿cómo representan al pueblo que los votó, los gobernantes cuya voluntad está presa de los condicionamientos del Gobierno Nacional?. Cabe tener presente, que en múltiples oportunidades, los Gobiernos provinciales llegaron a los cargos con una plataforma sustancialmente distinta en su ideario o en la concepción del poder, a la que deben mostrar ahora para obtener un trato diferencial del Gobierno Nacional.
Afecta esta inexplicable demora, al sistema REPUBLICANO de Gobierno, porque gracias al abuso de la herramienta de la delegación de poderes, los fondos del Gobierno Nacional llegan en forma discrecional a los gobiernos provinciales según sea su “comportamiento” en referencia a la política K. Así, el poder delegado por el pueblo en el Parlamento, se esfuma al absorber la potestad legislativa de hecho en la asignación de recursos, el Poder Ejecutivo Nacional.
Rompe esta omisión también, el sistema FEDERAL de gobierno dado que la autonomía de las provincias no se reduce a la potestad para elegir el propio gobierno y sancionar sus propias leyes, sino fundamentalmente al reparto equitativo de los ingresos federales para poder cumplir su cometido.- La Nación desde hace años, no cumple con el deber constitucional de devolver a las Provincias el 34 % de sus recursos nacionales recaudados, tal como lo establece la Constitución y el artículo 7º de la ley 24.548.
En el año 2007 el Gobierno Nacional distribuyó a las Provincias solo el 27 % de los recursos y para el año 2009, se prevé que lleguen a las provincial el 26 % por ciento de los ingresos totales.
Ahora bien, tanto las escuelas y hospitales que alguna vez eran nacionales y sostenidos por recursos centrales y que pasaron luego a las jurisdicciones provinciales, no recibieron su contrapartida con los recursos necesarios para hacer frente a los mismos.
Pero ...no siempre fue así.
Durante el primer gobierno peronista, los recursos que se giraban a la provincias ascendían al 51,2 %, y en año 1975 dicho monto llegaba al 52,4%. Hoy el monto a distribuir a las provincias, se ha reducido drásticamente a la mitad, lo cual determina la total vulneración del sistema federal de gobierno.
Además de esta irregularidad, el impuesto al cheque o a los débitos y créditos bancarios, no se coparticipa totalmente, lo cual fue objeto de denuncias por distintos sectores políticos de la oposición nacional.
Hoy la falta de objetividad de criterios de distribución de fondos nacionales coparticipables, y la discrecionalidad del gobierno nacional al salir a paliar las crisis financieras y requerimientos de obra pública de las provincias, de acuerdo a ciertos “amiguismos”, o como devolución de favores por “gestos políticos” recibidos, determina que se haya construido, con el correr del tiempo, un círculo perverso donde solo se reciben lo que “legalmente” le corresponde al pueblo de las provincias, según la adhesión o no a la voluntad del gobierno central que manifiesten sus gobernantes de turno. Así, las negociaciones de los gobernadores “rehenes de la situación”, no son tales, sino consisten en la entrega de su voluntad, y -lo que es peor-, de sus convicciones, a cambio de que el gobierno K no les suelte la mano y se hundan en la incertidumbre de sus destinos, acosados por la deuda publica y el compromiso de paliar la “deuda interna” con la población, que requiere dignidad en la educación publica, en la salud publica, en la seguridad, en el servicio de justicia, entre otros derechos humanos fundamentales e irrenunciables de los ciudadanos.
Por qué entonces, ante este avasallamiento, son pocas las voces que se alzan? En definitiva, somos todos quienes debemos hacerlo.
Muchas veces esperamos que esta denuncia esté en manos de los Gobiernos Provinciales, cuando justamente éstos están condicionados para hacerlo por múltiples circunstancias, sin restarle la responsabilidad que le compete en el tema.
Si la ley establece que es el 57% lo que deben recibir las provincias con un piso mínimo del 34%, lo cual equivaldría a algo mas de $400 millones desde 2006 a la fecha, solo para la Provincia de Río Negro, pregunto: ¿cuántas nuevas escuelas pueden construirse con este monto, cuántos hospitales, cuánta política públicas de defensa de nuestros pequeños productores, cuántos alimentos de primerísima calidad podrían brindarse en los comedores escolares?.-
La COALICIÓN CÍVICA y el ARI propone desde hace años, avanzar mas allá del reparto equitativo propiamente dicho, implementando el programa de “INGRESO CIUDADANO PARA NUESTROS NIÑOS Y ANCIANOS”, sustentado con recursos, productos de una necesaria reforma en el sistema tributario de fondos no coparticipables que rompa la lógica del negocio en que se ha convertido -para algunos dirigentes políticos inescrupuloso- la pobreza, y que surge de mantener el poder, a cambio del uso de los mas humildes a través de prácticas clientelares.
Paradójicamente, los gobernadores también han caído en la red del clientelismo.
Por la salud de nuestro federalismo, por la defensa irrestricta de la República, por la necesidad de garantizar a nuestros habitantes el pleno ejercicio de los derechos constitucionales, debemos repudiar y destruir esta red que pareciera infranqueable al que se encuentran sumidos los gobiernos provinciales y que deteriora día a día el sistema de gobierno representativa, republicana y federal, que nuestra democracia sabiamente ha adoptado.
Dra. Magdalena Odarda, Legisladora Provincial
Abogada Constitucionalista.
