Cabe recordar que la presentación del recurso de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia fue con el objetivo de que el municipio resuelva la situación en la que se encuentra el basural de General Roca.
La medida judicial fue presentada en cede judicial de Viedma por vecinos de los barrios lindantes con el basurero roquense, referentes del ARI e integrantes del movimiento Mujeres en Lucha y con el acompañamiento de la legisladora Provincial Magdalena Odarda (ARI) e interpuesta contra el Consejo de Ecología y Medio Ambiente de la provincia (CODEMA) y el municipio de General Roca y tiene por objeto que el STJ ordene: "ejercer el poder de policía y en consecuencia cesar en la discriminación ambiental y en la violación de derechos fundamentales que sufren los vecinos de los barrios cercanos al basural municipal de la ciudad de General Roca, en función de la aplicación del principio preventivo, precautorio y el principio de equidad intergeneracional establecidos por la ley nacional del ambiente Nº 25.675.
Se presentó la medida para que se resuelvan diferentes irregularidades que se están dando en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, la cual tiene como objetivo, la prohibición de eventuales quemas de residuos patológicos que puedan hacerse en el horno pirolítico, y la posterior erradicación del mismo.
Se solicitó también, que cesen inmediatamente las quemas de basura a cielo abierto, y que se proceda al cierre del predio para evitar el acceso de personas ajenas y de animales que circulan entre la basura.
Por otro lado se pidió en el Amparo, al STJ, que libre oficio a las organizaciones para que emitan informes acerca de esta cuestión: Bomberos Voluntarios de Roca, Defensoría del Pueblo; Mujeres en Lucha; Cámara de Productores de General Roca; SENASA y al Hospital Francisco López Lima.
Además, también se solicitó que se analice la pronta reubicación del basural de acuerdo a las normas ambientales vigentes.
Por último, el mismo día pero a las 8 hs. el STJ citó a audiencia de conciliación, en el marco del amparo interpuesto por el concejal Ariel Gallinger, la legisladora Magdalena Odarda y Alicia Mier por la falta de funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y el consecuente vertido de los efluentes en crudo en el Río Negro.
En esa instancia, el máximo Tribunal del Poder Judicial estableció que los amparistas, la empresa ARSA y el Departamento Provincial de Aguas deberán exponer sus posturas ante la situación denunciada. Se pedirá en la audiencia que la empresa les informe, si los líquidos cloacales ya son tratados, en qué porcentaje y cuáles serán las previsiones para lograr el tratamiento en forma definitiva de los mismos.
