“Ante la muerte violenta e inexplicable de una persona, es deber indelegable del Estado encontrar a los culpables y juzgarlo, esclareciendo la verdad de los hechos sucedidos”, expresa la nota.
Agrega que “el asesinato del joven Atahualpa Martínez Vinaya, sucedido el 15 de junio pasado, privó a nuestra sociedad de compartir el futuro de uno de sus hijos. Cuando desde la comunidad reclamamos justicia, no nos referimos solamente a la del fuero penal, para que los hechos como los que llevaron a la muerte a "Ata" y a tantos otros jóvenes viedmenses no queden impunes. Reclamamos también una justicia social que sea inclusiva para con nuestros hijos, donde el derecho a construir su futuro sea una realidad”.
“En tal sentido, no solo sus familiares y amigos tienen el derecho de saber que fue lo que sucedió, y quienes son los responsables, sino que la sociedad toda tiene idéntico derecho, única forma de poder confiar en la eficacia del funcionamiento de las instituciones, y de legitimar el uso exclusivo de la fuerza pública por parte del Estado”, concluye.
